Mientras ellos se indultan, sigamos permitiendo que que desahucien familias, nos roben nuestro dinero para dárselo a bancos y eléctricas...

A las 7 de la mañana los Mossos d’Esquadra han irrumpido en el centro social ocupado La Profana donde residía. "Ni han picado a la puerta", explica Julieta T., ahora madre desahuciada en silla de ruedas. A aquella hora su hijo de 12 años ya se había ido al colegio. Vivían desde hacía cuatro meses en el centro autogestionado por artistas de la avenida del Paral·lel. “En cinco años nunca me han concedido un alquiler social desde el ayuntamiento”, denuncia Julieta. En este caso, el edificio ocupado ha sido desalojado a petición de su nuevo propietario.

SIN PREVIO AVISO

Julieta se ha tenido que lavar y arreglar en el lavabo de los servicios sociales del Poble Sec. Solo sabía que del 1 al 15 de noviembre se podía presentar la comitiva judicial. “Me dieron fecha abierta de desalojo porque saben que soy activista y que iba a haber mucha gente respaldándome”, cuenta mientras sus compañeros hacen piña en la sala de espera del espacio municipal. "Han utilizado un gran dispositivo de policía para sacarme a mí, discapacitada", detalla.

Su pensión de discapacidad, que no llega a los 400 euros mensuales, no le da ni siquiera para vivir en la habitación subterránea y sin ventanas que alquilaba antes. Más allá de la prestación social, el pan se lo gana cuando le cesa el dolor y lejos del amparo legal: "Tengo que vender mis pinturas en la calle sin licencia, ya que no tengo el suficiente dinero para costearme un local", lamenta. “Y si viene la policía, me requisa el material y me empapela”, explica frustrada.

Desahucian a una mujer en silla de ruedas y con un hijo de 12 años
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