Toda persona física tiene derecho a conocer en cualquier momento si ha sido inscrita en un fichero de morosos, a conocer los datos que han sido incluidos y a solicitar la eliminación si estos son incorrectos o el tratamiento de estos no se ajusta a la normativa.

Como influye la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) en los ficheros de morosos.

La LOPD reconoce los denominados derechos ARCO, acrónimo que responde a la unión de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, para garantizar que cualquier persona pueda controlar sus datos personales y el uso que se hace de estos por parte de las empresas que los tienen.

Estos derechos permiten que si tus datos personales han sido incluidos en algún fichero de morosos tengas el derecho y la posibilidad de consultarlos y realizar cualquier reclamación sobre esta inclusión.

Aparecer en alguno de estos ficheros tiene consecuencias, tanto para la reputación de las personas, como a la hora de acceder a un servicio bancario o, simplemente para dar de alta un servicio telefónico. Por eso hay que procurar desaparecer de estas listas desde el momento en el que saldas la deuda aunque la realidad es que entrar es fácil, pero salir no lo es tanto.

 

 

Para que la inclusión de nuestros datos en uno de estos ficheros sea legal se deben cumplir una serie de requisitos:

 

-La deuda debe ser cierta, vencible, exigible y que haya resultado impagada.

-La existencia o cuantía de la deuda no puede haber sido objeto de reclamación por el deudor.

-Los datos deben ser facilitados por el acreedor y el acreedor debe haber informado al deudor de la posibilidad de la inclusión de sus datos en este tipo de ficheros en el requerimiento previo de pago.

 

Además, sólo podrán incluirse los datos personales del deudor que sean estrictamente necesarios para valorar su solvencia económica.

Pero en muchas ocasiones este tipo de requisitos no se cumple. Se dan muchos casos de personas incluidas en estos ficheros sin que exista una deuda real o casos de usurpación de la personalidad. En caso de encontrarte en estos supuestos, debes denunciarlo ante la policía antes de reclamar la anulación de los datos. Posteriormente, puedes solicitar la baja en el fichero cuyo titular tiene 30 días para dar una respuesta, aunque pueden tardar hasta dos meses en determinados casos.

 

Aún en este segundo supuesto, deberá haberte informado en esos primeros 30 días, si no lo hace, puedes denunciarlo ante la Agencia Española de Protección de Datos. Asimismo, si la inclusión es incorrecta, puedes reclamar por la vía judicial una indemnización por los daños ocasionados.

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