Se ha llegado a celebrar un juicio por la propiedad de un diente de leche que se le cayó a un niño cuando estaba con su padre.

Los padres divorciados convierten los juzgados en su ring gratuito

Si, por increíble que parezca, hay gente capaz de pleitear por un diente de leche o por unas lentillas y aunque la primera intención sea no dar crédito, quién lo dice es Pascual Ortuño, magistrado de la Audiencia de Barcelona y profesor de Resolución Alternativa de Conflictos de la Universidad Pompeu Fabra y aún así tiene que insistir en que es totalmente cierto. Además no son casos raros o aislados, los juzgados de familia de toda España están registrando un aumento de conflictos planteados por parejas divorciadas que no se ponen de acuerdo sobre la educación de sus hijos, las actividades extraescolares, los gastos económicos, el traje de la comunión y cualquier tipo de asunto que les sirva para mantener viva la llama de su odio. Como, dice Pascual Ortuño: “los juzgados se han convertido en un campo de batalla, en un ring gratuito que el Estado pone a disposición de los divorciados”.

Como muestra Ortuño pone el siguiente ejemplo. “Hubo un proceso por la propiedad del diente de leche que se le había caído a un niño”. El diente se le cayó al pequeño cuando estaba con su padre, que puso la pieza dental bajo la almohada a la espera del ratón Pérez. Ahí empezó la trifulca porque al día siguiente la madre se indignó con su ‘ex’ y le echó en cara lo del ratón, que, según insistía ella, debía haber visitado su casa y no la de él. La mujer reclamó el diente pero, al parecer, ya se lo había llevado el tal Pérez y así, de reproche en reproche, la ‘ex’ acusó al hombre de haber hecho todo lo posible para que el hijo perdiera el incisivo que se le movía y le denunció por malos tratos.

En una primera sentencia el juez los mandó a paseo, pero ambos recurrieron”, recuerda Pascual Ortuño. Como había denuncia por malos tratos, el caso llegó hasta lo Penal y un forense examinó al niño para tratar de averiguar cómo había perdido el diente. El padre fue absuelto. El dinero que costó todo aquello al erario público es posible que solo lo sepa el ratón Pérez. Quizá algún día lo diga, si es que se atreve a volver.

Otra expareja fue a juicio porque no se ponía de acuerdo sobre una cuestión tan trascendental como unas lentillas para esquiar de su hija. Se trataba de dirimir si su compra constituía un gasto ordinario o no, en cuyo caso había que pagarla a medias. Las lentillas valían 86 euros, una cantidad que requirió la puesta en marcha de la maquinaria judicial. Pascual Ortuño no recuerda a favor de quién falló –“creo que al final el padre tuvo que pagar la mitad”, pero sí que en su sentencia el juez hizo mención “al gasto que los ciudadanos habían pagado con sus impuestos para que se celebrara el juicio”.

Es una situación que amenaza con saturar los juzgados y que, en fechas concretas como el comienzo del curso escolar o los meses previos a las comuniones, se convierte en la pesadilla de los jueces. Serán ellos quienes deberán decidir en qué colegio estudiarán los hijos de una pareja divorciada o quién pagará sus libros de texto. Son los que determinarán qué es un gasto ordinario, del que se hace cargo el progenitor que tiene la custodia de los hijos, o extraordinario, que corre a cuenta de ambos padres.

En una reciente sentencia, la Audiencia de Murcia sostiene que el padre que no tiene la custodia de los niños no está obligado a pagar los libros de texto y recuerda que los medicamentos, el comedor del colegio y el material escolar son gastos ordinarios. En estos se hallan incluidos todos los gastos que se consideran indispensables para el cuidado y educación de los hijos, como los de la enseñanza obligatoria y universitaria o la ropa de diario y el uniforme escolar.

Gastos extraordinarios son los que tienen un carácter excepcional, imprevisible y necesario y que, por ese mismo motivo, no están incluidos en la pensión alimenticia que el no custodio debe abonar mensualmente. Este grupo es un saco sin fondo en el que se incluyen los gastos sanitarios no cubiertos por la Seguridad Social, las clases de apoyo escolar, actividades extraescolares como idiomas o ballet, viajes de estudios o incluso el traje de la comunión. Para que un gasto considerado extraordinario sea compartido por ambos padres es esencial que el progenitor no custodio haya dado su consentimiento previo. Esta condición facilita las cosas a la hora de determinar si una factura se paga a medias o no, pero no siempre es tan fácil y la mayor parte de las demandas que examinan los juzgados de familia españoles tienen que ver con el impago de las pensiones alimenticias o de los gastos extraordinarios.

 

Cada caso es distinto, ese es el problema. Lo que para una familia con recursos económicos puede ser un gasto normal, para otra es excepcional; y lo que para uno de los progenitores puede ser urgente y necesario, como la visita a un médico privado, para el otro es algo superfluo. En teoría, el convenio regulador en el que una pareja establece las condiciones de su divorcio debería arrojar luz sobre lo que ambos consideran extraordinario, pero no sucede así. Nadie puede prever cómo evolucionarán en el futuro las relaciones de una pareja que acaba de separarse. También hay que tener en cuenta que a la hora de divorciarse muchos firman el primer papel que les ponen delante sin apenas darse cuenta de lo que están haciendo.

El abogado Carlos Herráiz, miembro del gabinete jurídico de la Asociación de Padres Separados, recuerda casos de hombres que firmaron el convenio regulador sin leerlo y que años después se encontraron con una desagradable sorpresa. “Asumieron sin saberlo los gastos del traje de la comunión y el banquete, y cuando llegó el día ni fueron invitados”. Y aún tuvieron suerte, porque una firma estampada sin mirar y sin consultar a un abogado puede ser un error de esos que se pagan muy caros. “Se están firmado convenios que son auténticas condenas civiles de por vida; yo he visto algunos en los que el no custodio se compromete a pagar los gastos desde la guardería”, afirma Herráiz.

En España se tramitan al año alrededor de 300.000 casos relacionados con rupturas familiares. De ellos, 100.000 son procedimientos repetitivos, es decir, de parejas que ya han pasado alguna otra vez ante un juzgado y que quieren cambiar las condiciones de su convenio, muestran discrepancias sobre la patria potestad o se pelean por unas lentillas o un aparato de ortodoncia. La sentencia resuelve ese conflicto, pero el problema sigue ahí.

“Cada vez va a más, la gente está obsesionada con dejar sus problemas en manos de los jueces”. Para Carlos Herráiz, “discutir en un juzgado la comunión del hijo es una aberración”, como también lo es que un juez tenga que decidir “si un niño es judío o no” o el caso de un hombre al que su ‘ex’ le denunció cuatro veces, las cuatro sobreseídas, por violencia de género y una quinta por no dejar que su hija fuera a la fiesta de cumpleaños de unas amigas. “La Policía fue a buscarle a casa y se lo llevaron esposado delante de todos los vecinos. Al final, el juez falló a favor de él pero tuvo que pagar un dineral en abogados para defender su derecho a decidir si su hija iba o no a una fiesta de bolas de plástico. Con el divorcio en España –concluye el letrado–, pasas de ser un gran padre cuando estás casado a un monstruo tras la separación”.

José Luis Utrera achaca el incremento de procedimientos judiciales tras el divorcio a un cambio de mentalidad entre los excónyuges que en principio es positivo, pero que en algunos casos resulta pernicioso. «Hace años el no custodio acababa desapareciendo de la vida de los hijos, pero ahora los dos siguen estando presentes y ambos se implican en la educación de los niños».

El aumento de procesos que podrían dirimirse “echando una moneda al aire” se ve favorecido por una modificación legal que no duda en criticar Pascual Ortuño. «Hasta el año pasado teníamos un sistema de controversias sencillo, de forma que el juez decidía si el niño tenía que estudiar inglés, como quería el padre, o alemán, como pedía la madre, y no había posibilidad de apelación, pero ahora estos casos pueden ser recurridos y la gente se monta un pleito con peritos, con los profesores del colegio, que tienen que ir a declarar si el alumno va bien o mal, con apelaciones... Esto colapsa los juzgados”.. Y entretanto, el niño va creciendo sin saber muy bien qué idioma estudiar.

Los jueces insisten en que antes de acudir a un juzgado los padres tienen que recurrir a un mediador, que es algo que se exige en muchos países pero no en España, donde dar este paso es voluntario. Por ese motivo, en la Audiencia de Barcelona han comenzado a imponer a ambas partes la obligación de someterse a un proceso de mediación antes de plantarse ante los tribunales. Es aquí donde aparece la figura del coordinador parental, impulsada por Lucía del Prado, presidenta de la fundación Filia de amparo al menor, que conoce casos de niños que amenazan a alguno de sus padres con denunciarlos si les riñen. «Es lo que han visto en su familia y ellos aprenden a hacerlo», afirma.

Al contrario que el mediador, el coordinador parental– explica Lucía del Prado– puede actuar cuando hay denuncias de por medio y su intervención es obligatoria por auto judicial en ejecución de sentencia”. El coordinador tiene tres meses para examinar lo que le ocurre a la familia conflictiva. Trabaja como un detective que se entrevista no solo con los hijos o padres, de los que sabe que recibirá una información sesgada, sino con todos los actores del drama, incluidos profesores o pediatras. “Su informe es vinculante y va al juez, que lo utiliza para tomar una decisión”.

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