Cuando un consumidor ha visto dañados sus derechos por una empresa y no ha conseguido nada por vía OMIC, Dirección General de Consumo o asociaciones de consumidores, siempre puede recurrir a la vía judicial para hacer valer sus derechos.

Hay ocasiones en las que un consumidor o usuario tiene un problema con una empresa, ya sea por la compra de un producto o la contratación de un servicio. Si por desgracia se nos da esa situación, el primer paso es formalizar una reclamación a través de los diferentes organismos de consumo, públicos y privados, como la Oficina Municipal de Información al Consumidor –OMIC–, servicios de consumo de nuestra Comunidad, Dirección General de Consumo, asociaciones de consumidores, etc. Sin embargo, en determinadas ocasiones, los trámites realizados por cualquiera de estos organismos no llegan a buen puerto y en ese caso como consumidores nos queda aún una última salida: la vía judicial.

 

 

Cuando cualquier organismo de consumo recibe una reclamación, inicia una mediación entre las partes, con el objetivo de lograr un acuerdo amistoso sin necesidad de tener que acudir a otras vías más costosas, largas y farragosas para ambas partes. Esta mediación se resuelve con un acuerdo entre las partes en la mayoría de las ocasiones quedando zanjado el asunto para ambas partes. Sin embargo, hay ocasiones en las que la mediación finaliza sin resultados positivos, en ese caso el consumidor, si quiere ser restituido o indemnizado por el daño causado, deberá continuar su reclamación acudiendo al arbitraje de consumo o a la vía judicial.

Cuándo reclamar por la vía judicial como consumidor

¿Qué es el arbitraje de consumo?

 

El arbitraje es una vía de reclamación alternativa a la judicial, generalmente más rápida que ésta y gratuita para las partes. Las decisiones que se llaman “laudos” que adoptan los colegios arbitrales son de obligado cumplimiento para las partes en conflicto y tienen el mismo valor que las sentencias judiciales. Una vez finalizado el procedimiento arbitral con el laudo emitido, ninguna de las partes puede acudir a la vía judicial para continuar con el fondo del asunto.

 

El gran inconveniente de esta vía de reclamación es su carácter voluntario, es decir, que no se puede obligar al reclamado a aceptar la celebración de este arbitraje, salvo que estuviera adherido, con carácter previo, a este sistema de resolución de conflictos.

 

Cuando se presenta una solicitud de arbitraje de consumo y la empresa reclamada no se encuentra adherida previamente a este sistema, pueden transcurrir varios meses hasta saber si el reclamado acepta o rechaza su celebración. En estos casos es recomendable que el consumidor se informe a través de los diferentes organismos de consumo sobre las posibilidades reales de que el reclamado se someta voluntariamente al citado sistema. De esta forma se pueden evitar demoras de meses antes de recurrir a otras vías.

Cuándo recurrir a la vía judicial

 

A la hora de interponer una demanda judicial sobre un conflicto relacionado con el consumo, no es necesario que se haya formalizado previamente una reclamación a través de una OMIC o de una asociación de consumidores y usuarios, aunque si es muy recomendable agotar antes esta vía para intentar llegar a un acuerdo amistoso con el reclamado y así evitar recurrir a la vía judicial que por norma general es lenta y costosa para el demandante.

Hasta el sabio refranero español tiene su refrán para el caso “pleitos tengas y los ganes”. Se refiere a las cuantiosas pérdidas que puede acarrear un pleito tanto si se gana como si no, pues, aunque resulte favorable la sentencia, lo habitual es que no se quede en uno solo, con el consiguiente gasto, que en ocasiones llega a acarrear la ruina del demandante.

 

También podemos recurrir a la vía judicial cuando habiendo solicitado un arbitraje de consumo, el reclamado no ha aceptado voluntariamente someterse a el.

 

 

 

Cómo plantear una demanda judicial

 

La gran mayoría de los conflictos relacionados con el consumo que terminan en la vía judicial se resuelven a través de la jurisdicción civil ordinaria (Juzgados de Primera Instancia). Sólo se pueden plantear este tipo de reclamaciones por vía penal cuando existen indicios de la comisión de algún delito o falta, por ejemplo cuando se ha sufrido una estafa.

 

Las demandas civiles se pueden interponer, por regla general, sin necesidad de la intervención de abogado y procurador, cuando el valor económico de lo reclamado no supere los 2.000€. Pero el demandante siempre tiene el derecho a ser asistido por ellos, si lo desea, para una mejor defensa de sus derechos como consumidor o usuario.

Inconvenientes de la vía judicial

 

Plantear una reclamación relacionada con el consumo por la vía judicial civil puede resultar lento y costoso, sobre todo cuando es necesario contratar a un abogado. Además, podemos vernos obligados al pago de las costas procesales generadas por el proceso –abogado y procurador de la otra parte, pruebas periciales, etc.–, si nuestra demanda fuese desestimada total o parcialmente.

Cómo acceder a la justicia gratuita

 

Los consumidores y usuarios que quieran presentar una demanda judicial para resolver un conflicto relacionado con el consumo pueden solicitar el reconocimiento del derecho a disfrutar de los beneficios de la justicia gratuita, siempre y cuando puedan acreditar que carecen de los recursos económicos necesarios para ello. Por regla general, pueden obtener el reconocimiento de este derecho aquellas personas cuyos ingresos brutos anuales no superen el doble del salario mínimo interprofesional, computando también los ingresos del resto de miembros de la unidad familiar.

 

Para obtener el reconocimiento de este derecho, el solicitante deberá solicitarlo a través del colegio de abogados correspondiente al lugar en el que se encuentre el Juzgado o Tribunal o ante el Juzgado donde radique su residencia habitual.

Para informarte mejor y más a fondo sobre como acceder a la justicia gratuita para defenderte puedes ver este artículo en el que viene todo muy bien explicado. 

Aquí también puede descargarse el formulario de solicitud y comprobar con un simulador económico, si el solicitante cumple el requisito de insuficiencia de recursos económicos.

 

Los beneficios del reconocimiento del derecho a la justicia gratuita son, entre otros:

 

Asesoramiento y orientación jurídica gratuitos previos al proceso. Los Colegios de Abogados tienen a disposición de los ciudadanos un Servicio de Orientación Jurídico (SOJ), donde abogados en ejercicio analizan la viabilidad jurídica la demanda que se pretende interponer.

 

Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador,cuando fuera obligatoria su intervención, o aun no siendo preceptiva, si así lo determina el juez o tribunal.

 

Derecho a la asistencia gratuita de peritos, a cargo del personal técnico adscrito a los órganos de los juzgados o tribunales, o en su defecto a cargo de funcionarios.

 

Limitación del pago de las costas procesales. Si el demandante que obtuvo el derecho a la justicia gratuita es condenado al pago de costas, sólo estará obligado a su pago en casos excepcionales, en los supuestos que se recogen en el artículo 39 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Justicia Gratuita.

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